En el Congreso de la República avanza una propuesta que busca declarar a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas, siguiendo un modelo similar al aplicado en otros países de la región.
La iniciativa cuenta con apoyo mayoritario en el Legislativo: con 90 votos a favor, se recomendó al Consejo Nacional de Seguridad y al presidente Bernardo Arévalo evaluar esta medida.
Una cárcel exclusiva para mareros
Junto a la declaratoria de terrorismo, se ha planteado la construcción de una megacárcel exclusiva para miembros de estas estructuras criminales. La propuesta señala que este centro penitenciario:
- Se ubicaría en fincas incautadas al narcotráfico y al crimen organizado.
- Sería construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, con el posible apoyo técnico de Estados Unidos.
- Estaría custodiado por fuerzas militares, garantizando que los internos se mantengan aislados de la población general.
- Los reclusos tendrían que trabajar para obtener su alimentación, como medida de disciplina y autosostenibilidad.
¿Cuánto costaría una megacárcel?
Aunque el Ministerio de Gobernación aún no ha presentado cifras oficiales, especialistas en infraestructura penitenciaria estiman que un proyecto de esta magnitud podría superar los Q4,000 millones (aprox. 500 millones de dólares), considerando:
- Adquisición y adecuación de terrenos.
- Construcción de módulos de máxima seguridad.
- Centros de trabajo forzado y áreas de control militar.
- Sistemas de vigilancia con tecnología de punta.
Para ponerlo en contexto, en países como El Salvador la construcción de su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tuvo un costo estimado de $170 millones, pero en Guatemala el monto podría ser mayor debido a la necesidad de adecuar varias sedes penitenciarias y la inversión en logística militar.
Reacciones al proyecto
Los impulsores de la iniciativa aseguran que este modelo reduciría la incidencia de extorsiones y crímenes organizados desde las cárceles, ya que los mareros estarían completamente aislados.
Sin embargo, algunos sectores advierten que una inversión de miles de millones de quetzales en un solo penal podría restar recursos a programas de prevención social, educación y oportunidades laborales, que son clave para reducir la captación de jóvenes por las pandillas.
