Tensión diplomática entre Guatemala y Colombia por orden de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo
El Gobierno de Guatemala y la FECI insisten en la legalidad del proceso, mientras Colombia lo califica como una persecución política
Una nueva controversia internacional ha surgido entre Guatemala y Colombia, luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) anunciara la emisión de órdenes de captura internacional contra Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia. Las decisiones judiciales, según argumenta la FECI, están relacionadas con supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, todos vinculados a casos pasados en los que la CICIG tuvo participación activa.
Esta situación ha generado una fuerte reacción diplomática de Colombia, que no solo rechazó categóricamente las acciones judiciales, sino que además calificó el proceso como un acto de persecución política sin fundamentos jurídicos, comprometiendo incluso las relaciones bilaterales entre ambos países.
FECI activa órdenes internacionales contra exintegrantes de la CICIG
Las acusaciones apuntan a un presunto favorecimiento a la constructora Odebrecht
La FECI, encabezada por Rafael Curruchiche, informó oficialmente que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones emitió las órdenes de captura contra Velásquez y Camargo. Curruchiche aseguró que los exfuncionarios habrían sido parte de una estructura criminal que, según la Fiscalía, favoreció a la constructora Odebrecht, causando un perjuicio millonario al Estado guatemalteco.
El fiscal también detalló que se notificó a la Interpol para la ejecución de las detenciones, y que la misma sala judicial decretó rebeldía contra otros exfuncionarios del Ministerio Público, como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Mayra Pérez, además de abogados y exasesores internacionales. En palabras del jefe de la FECI, los señalados forman parte de una “estructura ilegal que operó desde las instituciones públicas para desvirtuar el curso de la justicia”.
Colombia denuncia uso político del derecho penal guatemalteco
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano emite un comunicado en defensa de sus funcionarios
Desde Bogotá, el Gobierno de Colombia respondió de manera inmediata a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el texto, Colombia rechazó las órdenes de captura calificándolas como “carentes de sustento jurídico”, e indicó que estas acciones “representan un atentado contra los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos”.
La cancillería colombiana afirmó que las acusaciones contra Velásquez y Camargo no están basadas en pruebas sólidas ni en procedimientos transparentes. En esa línea, el gobierno de Gustavo Petro sostuvo que estas acciones podrían ser interpretadas como un uso político del sistema judicial guatemalteco para perseguir a personas que combatieron la corrupción.
“Activamos los canales diplomáticos para hacer llegar nuestro rechazo formal a las autoridades de Guatemala”, se indicó en el mismo documento, agregando que Colombia continuará defendiendo la integridad de sus funcionarios ante lo que consideran una distorsión del principio de cooperación judicial.
Gobierno de Guatemala también se desmarca de la FECI
Comunicado oficial denuncia uso indebido del derecho penal y rechazo a la judicialización politizada
De forma sorpresiva, el Gobierno de Guatemala también se pronunció en contra de la acción liderada por la FECI, asegurando que las órdenes de captura “carecen de fundamento legal y violan acuerdos internacionales”. En su comunicado, el Ejecutivo argumentó que estas medidas infringen el Acuerdo entre la ONU y Guatemala para la creación de la CICIG y atentan contra los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.
“Estas acciones no solo son contrarias al derecho internacional, sino que evidencian un patrón de criminalización de actores que han combatido la corrupción”, señala el documento. El Gobierno incluso fue más allá, acusando al Ministerio Público y a ciertos jueces de haber tergiversado el sentido de la justicia, y usar el derecho penal de manera selectiva para deslegitimar el trabajo de figuras clave en la lucha contra la impunidad.
Finalmente, se aseguró que Guatemala ya ha contactado a las autoridades colombianas para establecer el diálogo diplomático necesario y evitar que el conflicto escale o dañe la imagen del país en la comunidad internacional.
Contexto de las acusaciones: CICIG, Odebrecht y lucha contra la corrupción
Una figura controversial que dejó huella en el sistema judicial guatemalteco
Iván Velásquez lideró la CICIG desde 2013 hasta su salida en 2019, durante uno de los períodos más intensos de lucha contra la corrupción en Guatemala. La comisión, en conjunto con el Ministerio Público de ese entonces, destapó numerosos casos de alto impacto, incluyendo estructuras incrustadas en las más altas esferas del poder político y empresarial del país.
Durante su gestión, la fue alabada por organismos internacionales y parte de la sociedad civil, pero también enfrentó oposición de sectores conservadores y de funcionarios que terminaron siendo investigados. Su salida se produjo en medio de fuertes tensiones con el gobierno guatemalteco de turno, que decidió no renovar el mandato de la comisión.
El caso Odebrecht, uno de los más emblemáticos de corrupción en América Latina, también fue abordado por la CICIG. La FECI asegura ahora que las decisiones tomadas durante ese proceso beneficiaron irregularmente a empresarios brasileños, aunque sin proporcionar detalles concluyentes hasta el momento.
Una disputa que trasciende fronteras y abre un nuevo debate sobre la justicia regional
Ante el cruce de señalamientos, tanto el Gobierno de Guatemala como el de Colombia han instado a que organismos internacionales como la ONU y la OEA observen el caso de cerca y verifiquen si se están cumpliendo los principios básicos del debido proceso y el respeto al derecho internacional.
Analistas internacionales advierten que este conflicto podría afectar no solo las relaciones bilaterales, sino también la credibilidad del sistema judicial guatemalteco, ya golpeado por múltiples denuncias de politización y uso arbitrario de la ley penal.
Lo que comenzó como una orden judicial podría transformarse en un escenario complejo de tensiones diplomáticas, con impactos profundos en la imagen de ambos países y en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones de justicia.
Las órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo abren un debate urgente sobre la legitimidad y la motivación de los procesos judiciales en Guatemala. Mientras la FECI sostiene que se trata de una acción legal contra actos de corrupción, los gobiernos de Colombia y Guatemala rechazan la medida por considerarla infundada y dirigida con fines políticos. El resultado de este enfrentamiento marcará un precedente en la región sobre cómo se manejan las diferencias entre lucha contra la impunidad y persecución judicial desde los Estados.
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