En el asentamiento 17 de Diciembre, zona 12 de Villa Nueva, una familia trabajadora denunció haber sido desalojada de manera ilegal por un grupo de personas que exigían el pago de una supuesta “cuota” para permitirles permanecer en su vivienda.
La familia, al no poder cubrir la cantidad solicitada, fue expulsada y los señalados se apropiaron del inmueble, llegando incluso a cambiar la chapa de la puerta y quedarse con muebles y televisores como si fueran los propietarios legítimos.
La rápida acción de las autoridades
Gracias a las denuncias de los vecinos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público intervinieron el inmueble.
En el lugar lograron recuperar la vivienda, detener a los presuntos responsables y localizar dos motocicletas que quedaron bajo investigación.
“No podemos permitir que familias sean despojadas de sus hogares por no pagar cobros ilegales. Estos casos deben denunciarse de inmediato”, afirmó una fuente cercana al operativo.
Un caso que refleja la presión de las “cuotas”
La extorsión y los cobros ilegales, comúnmente conocidos como “cuotas”, continúan siendo una de las principales problemáticas que afectan a familias en distintas áreas del país.
Este caso en Villa Nueva pone en evidencia cómo los grupos delictivos buscan apoderarse de viviendas y bienes materiales, afectando directamente la seguridad de los vecinos.
❓ Preguntas frecuentes sobre el caso de Villa Nueva
¿Qué ocurrió con la vivienda en Villa Nueva?
Una familia fue desalojada de forma ilegal por no poder pagar una “cuota”, pero las autoridades intervinieron y recuperaron el inmueble.
¿Qué hicieron los responsables tras apropiarse de la casa?
Cambiaron la chapa de la puerta y se quedaron con los muebles y electrodomésticos de la familia afectada.
¿Qué acciones tomaron las autoridades?
La PNC y el MP realizaron un operativo que permitió recuperar la vivienda, detener a los implicados y decomisar dos motocicletas bajo investigación.
¿Qué deben hacer las familias en casos similares?
Denunciar de inmediato al 110 de la PNC o directamente en el Ministerio Público para garantizar una intervención rápida.
