Arévalo responde a sanciones impuestas por la Unión Europea a actores guatemaltecos
Europa toma medidas contra quienes considera responsables de debilitar la democracia en Guatemala
El Consejo Europeo anunció sanciones contra tres personas y una entidad en Guatemala, señalándolos como responsables de socavar la democracia y el Estado de derecho. La medida, que se suma a la creciente preocupación internacional sobre la situación institucional del país, provocó una reacción inmediata del presidente Bernardo Arévalo, quien respaldó la postura del organismo internacional y reiteró que el Ejecutivo se mantendrá dentro del marco legal nacional.
Las sanciones, hechas públicas el jueves 13 de junio, fueron impuestas a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), su presidente Ricardo Méndez Ruiz, el abogado Raúl Falla Ovalle y el juez penal Jimi Rodolfo Bremer Ramírez. El Consejo Europeo indicó que todos ellos estarían involucrados en actos de persecución e intimidación contra jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala.
Arévalo respalda las preocupaciones de la Unión Europea
Durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre la decisión del Consejo Europeo, afirmando que dicha postura valida lo que su gobierno ha venido denunciando desde el inicio de su gestión. Según el mandatario, estas sanciones reafirman que existen actores que operan en la impunidad, gracias a la cooptación institucional, en especial del Ministerio Público.
“La Unión Europea simplemente está diciendo claramente elementos que nosotros hemos venido repitiendo desde el comienzo: la existencia de actores que operan desde la impunidad que da la cooptación del Ministerio Público”, aseguró Arévalo.
Además, destacó que la criminalización de funcionarios, activistas y operadores de justicia independientes continúa siendo una de las amenazas más serias para la democracia guatemalteca.
Acciones legales dentro del marco nacional
Ante las preguntas de la prensa sobre qué medidas adoptará el Ejecutivo tras el pronunciamiento europeo, Arévalo indicó que cualquier decisión se tomará respetando la legislación vigente. El mandatario evitó anunciar acciones específicas, pero dejó en claro que su administración no será indiferente ante los señalamientos internacionales que denuncian violaciones a los principios democráticos.
«Lo que hagamos en el marco de esta fundación o cualquier otra se hará en el marco de la legislación existente en el país«, subrayó.
El presidente no detalló si se contempla iniciar procesos internos contra las personas señaladas, pero sí reiteró el compromiso de su gobierno por restaurar el respeto a la institucionalidad democrática.
La lista de sancionados por la Unión Europea
El comunicado emitido por el Consejo Europeo identificó a los individuos y a la organización que, según su análisis, están vinculados con el debilitamiento del Estado de derecho. En este grupo se encuentra la Fundación contra el Terrorismo, cuyo presidente y representante legal fueron señalados por estar involucrados en campañas de intimidación contra actores del sistema judicial y comunicadores.
Además, fue incluido el juez penal Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, acusado de actuar en contra de los principios básicos de independencia judicial. Las medidas restrictivas aplicadas implican el congelamiento de activos y la prohibición de viajar a países de la Unión Europea.
En el documento, el Consejo Europeo expresó una “profunda preocupación” por lo que considera una instrumentalización persistente del sistema de justicia en Guatemala para atacar selectivamente a funcionarios, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
María Consuelo Porras
Juez Fredy Orellana
Rafael Curruchiche
Leonor Morales Lazo
Ángel Pineda Ávila
Reacciones en el país: división y respaldo
La noticia de las sanciones fue recibida con opiniones divididas dentro del territorio nacional. Mientras diversos sectores sociales y académicos manifestaron su respaldo a la decisión del Consejo Europeo, otros actores políticos lo interpretaron como una intromisión en asuntos internos.
Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la transparencia y el Estado de derecho saludaron la iniciativa europea como un acto de respaldo a quienes han sido víctimas de persecución judicial. A través de pronunciamientos públicos, pidieron que el gobierno de Guatemala investigue de forma interna las acusaciones y adopte medidas concretas para frenar los abusos dentro del sistema judicial.
Por otro lado, algunos diputados conservadores y sectores aliados con las personas sancionadas criticaron la decisión de Europa, alegando que responde a intereses ideológicos y no a una evaluación objetiva de la realidad guatemalteca. La Fundación contra el Terrorismo también emitió un comunicado rechazando las acusaciones y calificando las sanciones como arbitrarias.
¿Qué impacto podrían tener estas sanciones a largo plazo?
Más allá de las implicaciones inmediatas, las sanciones de la Unión Europea marcan un precedente importante. Guatemala se convierte en uno de los pocos países latinoamericanos donde se aplican este tipo de medidas por cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial y la cooptación de instituciones.
Para el gobierno de Arévalo, el respaldo internacional representa un refuerzo clave en su lucha por la reforma institucional. Sin embargo, también plantea un desafío político interno: equilibrar las presiones externas con las tensiones que estas decisiones pueden generar entre los sectores que aún conservan poder dentro del aparato estatal.
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